Por: Pablo Benitez Jaccod.

En una semana marcada por el inicio de las conversaciones con el F.M.I, el precio del dólar y las lebacs, el Presidente de la Nación Mauricio Macri, lidero una serie de reuniones en las que insto a realizar un “Gran acuerdo nacional” junto a la oposición y los gobernadores provinciales. Es decir, un pacto de largo plazo en el que se acuerden políticas públicas, que se mantendrán independientemente del partido que gobierne. Importa remarcar que no cualquier política de largo plazo elevara el bienestar de los ciudadanos de la Argentina, en cierto modo en los últimos 70 años la mayor parte de la clase gobernante, ya sea oficialismo u oposición, han tenido y tienen cierto acuerdo o “consenso” en una serie de ideas económicas.

La idea de que el motor del progreso reside en un mayor gasto público; que el proteccionismo industrial fomenta el desarrollo; que la emisión monetaria equivale a la generación de ahorro para otorgar créditos; o que los controles de precios combaten la inflación y que la inversión privada aumentará si se los obliga a los empresarios, ha sido el tronco común de una especie de “Proyecto económico político argentino” adoptado casi sin reformas, desde 1940 en adelante.

Existen ejemplos exitosos en la historia económica mundial que muestran otro camino y merecen la atención de la dirigencia argentina. Tanto España, Irlanda, Australia, Chile y Nueva Zelanda se encuentran en un estado mucho mayor de desarrollo gracias a un profundo proceso de reforma institucional en el cual tanto oposición o gobierno han definido una visión de largo plazo.

El caso de Irlanda muestra cierta similitud con ciertas épocas de Argentina. A comienzos de la década del 80, Irlanda mostraba una tasa de desempleo del 18%, una deuda pública que excedía el 110 por ciento de su P.B.I y el déficit fiscal era de 12 puntos. Por año decrecía al 2%. Irlanda emprendió un proceso de reconstrucción interna en 1987 a través de un Programa de Recuperación Nacional que denominó “Partnership 2000”. El contenido de este acuerdo fue concertado por la coalición gobernante, la oposición y sumó a los distintos sectores sociales -granjeros, obreros, empresarios y sindicatos- como socios. El programa consistía de 5 planes. Cada uno de 3 años y con un objetivo preciso. Los beneficios no se vieron sino hasta 9 años después. En tanto, las huelgas y protestas eran un paisaje habitual en Dublín.

Los indicadores se revirtieron a partir del equilibrio de las cuentas fiscales, la liberación de la economía y una política de incentivo a la Inversión extranjera directa. Irlanda comenzó su proceso de reconstrucción y crecimiento sostenido- a una tasa promedio del 7,3% anual durante los 90- bajo el eslogan “Dolor a corto plazo para beneficios en el largo plazo”. Debido a sus políticas de empleo y una legislación favorable a la inversión extranjera directa, Irlanda aprovechó el boom tecnológico de los 90 desarrollando un Silicon Valley en el viejo mundo. Hoy es uno de los grandes exportadores de software del mundo. Su ingreso per cápita en 1999 era de aproximadamente U$S 20.600 dólares, en la actualidad es de U$S 72.000 dólares, superando el de Inglaterra.

En el caso español fue fundamental la figura Adolfo Suárez, pieza central de la reconstrucción de la España post-franquista. Los años de transición no fueron fáciles, mostraban un panorama con graves problemas que debían resolverse en democracia, y que derivaron en los acuerdos socio- económicos y político, conocidos como Pactos de la Moncloa.

Si bien la transición “posfranquista”, se consolida con la Constitución (1978) y la celebración de las elecciones que en 1982 llevaron al socialista Felipe González. La Moncloa marca un punto de inflexión en la economía española. El mérito de España es que en el largo plazo acordó entre las diferentes fuerzas políticas sobre temas claves como la política de empleo, la seguridad social, la regionalización y la firme decisión de abandonar décadas de aislamiento. España buscó ingresar definitivamente a la Unión Europea, se amoldó a las exigencias del tratado de Maastricht, que impone restricciones en materia fiscal, monetaria e impositiva. Los resultados estuvieron a la vista, ya que entre 1980 y 1990, el crecimiento fue a un ritmo anual promedio del 3% y las exportaciones lo hicieron al 5,7%, en la década siguiente, los índices fueron del 2,4 y del 10,7% respectivamente. A mediados de los 90 el subdesarrollo era cosa del pasado.

Australia representa un modelo de inserción internacional de estudio para la Argentina. Este país es un poderoso productor y exportador agroalimentario, además posee un sector minero el cual se ubica entre los principales exportadores a nivel mundial. Una de las curiosidades de la economía australiana es que hace 25 años que su PBI no muestra variaciones negativas. Su economía crece de manera ininterrumpida. Esta estabilidad institucional, es la que le permitió ampliar sus mercados internacionales y complementarse apenas terminada la 2da Guerra con el emergente mercado del Sudeste Asiático. Durante las décadas del 50 y 60, acuerda con Japón un tratado de complementariedad económica. El mercado japonés crecía fuertemente y su población demanda alimentos que por sus características geográficas estaba imposibilitado de producir. Entre el periodo que va de 1950 a 1973, Japón creció a un promedio anual de 7,3%. A los pocos años China, Corea del Sur, Singapur, Taiwán, Malasia y Hong Kong también comenzaron a demandar productos de Australia, convirtiendo a este país en su socio estratégico. En la actualidad Australia destina a esta región el 71,3% de sus exportaciones totales, siendo China el mercado más importante, al cual exporta 19,2% de sus productos.

Lo hecho por estos países, va en sentido contrario a las ideas económicas predominantes en buena parte de los partidos políticos en Argentina, varias de ellas las señalamos al inicio. Tomemos nota de estos ejemplos, es hora de probar algo diferente.