En promedio, las provincias destinaron tan solo el 11,8% de su presupuesto a inversión real directa en 2017 según los datos de sus ejecuciones presupuestarias. Hay grandes discrepancias entre jurisdicciones. En San Luis, esta partida representa el 28% de sus erogaciones mientras que en Santa Cruz alcanza tan solo el 1,6%.

La obra pública es de vital importancia para el desarrollo económico y social de una determinada región. Sin embargo, en nuestro país la falta de inversión en infraestructura y la baja calidad de la existente se han convertido en una verdadera limitante para el crecimiento.

En este contexto, es relevante analizar cuánto destinan las provincias a obra pública dentro de sus presupuestos. Para ello, se tomó la partida Inversión Real Directa (IRD) que incluye nuevas obras de infraestructura y la compra de bienes de capital destinado a aumentar o reponer el patrimonio de bienes de capital del Estado.

La participación promedio de la inversión real directa dentro del total de gastos para el conglomerado provincial en 2017 fue del 11,8%. Para el período 2007 – 2017 el mínimo valor se registró en el año 2016 cuando fue del 10,8%, en tanto el máximo se obtuvo al principio del lapso mencionado, con una representación de la obra pública dentro del presupuesto del 16,9%. A pesar de los altibajos que se vieron durante la última década, se ve una tendencia hacia la baja siendo la disminución del período – siempre considerando el promedio como referencia- de 5 puntos porcentuales.

Como se puede observar en el gráfico anterior, la participación promedio de las provincias en Inversión Real Directa creció un punto porcentual entre 2016 y 2017 (de 10,8% a 11,8%). Las provincias que mayores aumentos registraron fueron Córdoba (del 10% al 16%), seguidas por Corrientes y Misiones, ambas con 4 puntos porcentuales, esto es, del 8% al 12% y 15% a 19% respectivamente. En cuanto a las mayores bajas, se destaca Santiago del Estero que pasó de un 26% en 2016 a 23% para el 2017. Cabe destacar que 14 jurisdicciones aumentaron su participación durante el período 2016-2017 mientras que 7 provincias presentaron descensos, en tanto que solo 3 mantuvieron su ponderación IRD sobre gasto total.

Por su parte, las jurisdicciones que en el año 2017 presentaron la mayor proporción de IRD en relación al gasto total ejecutado son: San Luis (28,1%), Santiago del Estero (22,9%) y CABA (19,9%). En sentido contrario, las provincias con más bajo porcentaje de inversión fueron Santa Cruz (1,6%), Tucumán y Neuquén, ambas con un 5,3%. Las brechas entre provincias son significativas. Solo basta ver que la proporción erogada por San Luis es 17,5 veces más elevada que la de Santa Cruz.

Ahora, teniendo en cuenta los montos totales, es importante mencionar que durante el año 2017 el crecimiento de la IRD fue de un 60,5% en promedio, cifra considerablemente mayor a lo que fue la inflación registrada durante ese mismo período (24,8%) y a lo que subió el gasto total del consolidado de jurisdicciones (33% interanual). Se destacan en este contexto, las provincias de Buenos Aires (127,4%), Córdoba (124,2%) y Corrientes (113,3%), que más que duplicaron su IRD entre los años 2016 y 2017. En el otro extremo, las jurisdicciones que tuvieron los incrementos más bajos fueron Santiago del Estero con 12,7%, Entre Ríos 14,4%, Neuquén 17,1% y Formosa 22,3%, todas por debajo de la inflación del período respectivo. En cuanto a Santa Fe, presentó un aumento del 85,4%, dentro de las más altas, aunque un tanto alejado de los primeros lugares mencionados anteriormente.

Otro cálculo que puede realizarse es aquel que toma en cuenta las erogaciones per cápita, es decir, lo que cada jurisdicción destina de sus recursos a infraestructura en relación a la cantidad de habitantes que tiene la misma. Bajo este nuevo ranking, los extremos son los mismos, la provincia de San Luis se ubica en el primer lugar para el año 2017, con una IRD pública de $13.374 mientras que en el otro extremo se encuentra Santa Cruz con una IRD de $1.397 per cápita. Asimismo, se distinguen en esta variable Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Formosa, y San Juan; las cuales destinaron montos por $12.408, $9.720 y $9.355 por habitante respectivamente. Los datos anteriores no hacen más que demostrar las grandes disparidades que hay entre provincias, incluso entre aquellas de similares características. Por ejemplo, se puede citar el caso de Misiones en el que la IRD ejecutada en 2017 fue de $7.082 por habitante, aproximadamente 2,2 veces mayor que Entre Ríos ($3.203 per cápita) o el caso de San Luis (que lidera el ranking) que más que triplica la IRD per cápita de La Rioja ($ 4.240).

En efecto, la IRD tiene una exigua participación dentro de los presupuestos provinciales. Esto se aprecia muy bien cuando se advierte que, en promedio, los distritos del interior destinan el 50% de su presupuesto a gastos en personal. Por otra parte, como se ilustró, hay una notable heterogeneidad entre las economías subnacionales en cuanto a la prioridad que le asignan a la inversión en obra pública.

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