Por: Dr. Antonio I. Margariti
Tolerancia y acción
Hoy en día, los conceptos filosóficos que rigen el desarrollo del Derecho, son obra casi exclusiva de expertos que se inclinan por dar preponderancia al Derecho Público sobre el Derecho Privado.
Sin embargo, sería injusto culparlos.
La mayoría de las obras contemporáneas de filosofía jurídica están saturadas de prejuicios económicos como: a) “la competencia es ruinosa”, b) “el mercado presenta fallos”, “c) “es necesaria la intervención reguladora del Estado” y d) “sólo la presencia del Estado puede resolver la complejidad del mundo moderno”.
Estos lugares comunes son un derivado de la preferencia por la economía estatizada, que invadiera al mundo desde 1917 hasta 1989 cuando hizo implosión el modelo del socialismo real.
Después del derrumbe de la URSS, las mismas ideas que la hicieron desaparecer se han introducido en el mundo intelectual a través de la Escuela de Frankfurt cuyos creadores -marxistas melancólicos- han adherido a las teorías de Hegel, Marx, Freud y Keynes para denostar al capitalismo tardío.
Se han infiltrado en nuestras Facultades de Cs. Sociales, Derecho, Filosofía y Ciencias Económicas, sobre todo estatales y en algunas pontificias. En ellas ha echado raíces el enfoque marxista-freudiano-keynesiano, enseñado con fruición y fanatismo donde nadie se atreve a discutirlo para evitar ser acusado de académicamente incorrecto pese a sus evidentes errores e implicancias totalitarias. Sus graduados ocupan luego, importantes cargos ministeriales.
Durante los últimos 70 años, la avalancha de falsos principios económicos, tuvo un enorme canal de difusión en el ámbito del Derecho por parte de ciertos juristas autodenominados “progresistas”,”abolicionistas” o “garantistas”.
Están enredados en lamentables contradicciones entre la tolerancia y el chantaje.
Por un lado, afirman la tolerancia: “en la lucha contra el delito es necesario abolir o mitigar el derecho penal poniendo fuertes límites al poder punitivo y sancionador del Estado porque los delincuentes son víctimas de las inequidades sociales”. Pero al mismo tiempo y curiosamente son intimidantes: “fervorosos partidarios de la intervención y control estatal en las actividades privadas de personas y empresas imponiéndoles severas sanciones si no obran conforme a los dictados del Gobierno”.
No todo debe ser reglamentado
Tal absurda dicotomía se basa en lamentables ideas que se reiteran en muchos ámbitos políticos de nuestros días donde proclaman que: “para garantizar el bien común es inevitable adoptar medidas por parte del Estado”, o bien “el Estado tiene el irrenunciable deber de regular la economía al servicio de los más necesitados”.
Pero nunca se ponen en la situación fáctica de que “legislador pudo haber redactado normas perversas, sectarias, confusas, nociva o sencillamente incoherentes”. Confunden la Ley con Legislación. Ignoran que la Ley se descubre y, con Hans Kelsen, creen que a la Ley sólo la hacen los legisladores.
Modernas generaciones de abogados no piensan que la Legislación positiva puede ser fatal para el Orden Económico. Por eso, buscan fuera de la ciencia jurídica los criterios para enjuiciar las fatales consecuencias de este desvarío en el pensamiento jurídico. En realidad el problema reside en las intimidades del propio Derecho cuando se considera autónomo.
Convendría recordarles que muchos de los males del mundo actual, no son obra de gente malévola sino de idealistas confundidos.
Muchas veces, las semillas de la barbarie totalitaria han sido sembradas por intelectuales honestos y bienintencionados, que nunca supieron que sus frutos intelectuales estaban colmados de vicios y funestos errores que conducían a la servidumbre y la pérdida de la libertad.
- Disparidad entre fomento e imposición
- Derecho politizado y justicia subordinada
- Orden espontáneo vs. sujeción a órdenes
- El contenido de las leyes condiciona el orden económico
- Desde 1946, las leyes argentinas han creado y sostenido una economía cerrada, corporativa, improductiva y deficitaria
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