Por: Rafael E. Micheletti

La Argentina parece hoy en día una repetición gastada de sí misma. Asume un gobierno, incuba una crisis, la población le da la opción a una alternativa política, cansada del estancamiento del gobierno anterior, pero esta alternativa hace retoques mínimos al modelo económico. En lo esencial, sigue con el mismo esquema macroeconómico, con lo cual la crisis se profundiza. La situación estalla, y eso hace que el país resurja porque ha tocado fondo, pero resurge cada década un poco más pobre que la década anterior, y el ciclo se repite nuevamente.

Los países vecinos nos pasan por al lado y se alejan de nosotros, mientras permanecemos empantanados y ensimismados, creyendo que nos podemos llevar el mundo por delante, que estamos por fuera de las leyes universales de la ciencia, y que es más inteligente el que es más duro y peor imagen le genera a su adversario. Parece el panorama lamentable de la inmadurez emocional hundiéndose de forma imparable, cavando su propio pozo.

Si nos remontamos unas décadas para atrás, podemos decir que la última dictadura militar incubó una crisis que Alfonsín profundizó (durante seis años) e hizo estallar. Asimismo, Menem construyó su propia bomba, que le dejó a De La Rúa, quien poco pudo hacer (aunque poco intentó cambiar realmente) y generó la crisis de 2001 y la mega devaluación de 2002. El kirchnerismo, por su parte, también incubó una gran crisis, estancó el país, y todo esto en un marco de precios internacionales altísimos de nuestros productos de exportación, lo que generó el famoso “viento de cola”. Macri no hizo grandes cambios de fondo en lo económico. Es cierto que la situación no era sencilla, y que no tenía mayoría en el Congreso. Pero sacó las retenciones y las tuvo que volver a poner, y bajó la emisión monetaria, pero aumentando la deuda. La crisis financiera actual parecería mostrar que estamos encaminados a que se restituyan las restricciones monetarias. Las cuentas no nos cierran por ningún lado. Si la bomba le estalla a Macri o a Alberto es secundario. El ciclo se repite, en lo esencial, en el binomio kirchnerismo-macrismo, como en los casos dictadura-Alfonsín y Menem-De La Rúa.

Para entender esto hay que comprender que hay dos ejes fundamentales que explican el crecimiento y desarrollo sostenido de los países: instituciones y libertad económica. Hay muchas variables en juego, pero estas son las más profundas. Y si no las tenemos presentes en simultáneo, los análisis pierden perspectiva y confunden lo profundo con lo superficial, focalizándose en múltiples variables diversas que no son esenciales, lo que impide el acuerdo. En las mediciones internacionales de calidad democrática y de libertad económica, como las de The Economist y Heritage, esta correlación es muy clara y contundente, si bien no quiere decir que no haya otros factores en juego.

La experiencia democrática nos ha dado la posibilidad de mejorar, a duras penas, nuestras instituciones políticas. La reforma del 94 introdujo la necesidad de acuerdo de 2/3 del Senado para designar y remover a los miembros de la Corte Suprema, dotando a dicho órgano de una importante estabilidad e independencia. De hecho, las tendencias autoritarias del kirchnerismo (consagradas primero en Santa Cruz y luego puestas en práctica a escala nacional, en sintonía con la movida bolivariana de Chávez en Venezuela), tuvieron su principal freno en la Corte Suprema, que protegió la subsistencia del Grupo Clarín, el principal medio de comunicación crítico del oficialismo en ese entonces.

Durante el kirchnerismo, aunque mayormente por motivos coyunturales y presiones externas, en contraste con su conducta sistemáticamente autoritaria, también hubo algunos avances en materia de democracia. La asignación universal por hijo, conquistada por la oposición luego de su triunfo en 2009, le quitó un poco de peso relativo al clientelismo, aunque no mucho. La derogación del delito de calumnias contra funcionarios públicos afianzó la libertad de expresión. Las PASO, a pesar de su mala fama y su escasa implementación, quieran o no, son una herramienta de democratización de los partidos que evita cúpulas partidarias plenamente cerradas y autoritarias.

Estas reformas del kirchnerismo fueron más bien la excepción que la regla, y arracadas a regañadientes, pero sucedieron como parte de un proceso de madurez política de nuestra joven democracia. Empero, con los altos niveles de corrupción y los embates constantes contra la división de poderes y la libertad de expresión, sin dudas el saldo institucional del kirchnerismo fue negativo. Fue Macri quien realmente apretó el acelerador en esta materia, cesando los ataques contra la libertad de expresión y la división de poderes, y llevando adelante algunas reformas estructurales como la digitalización y transparencia de la administración pública, la erradicación de los sobreprecios en la obra pública, el mayor federalismo fiscal, la ley del arrepentido, la extinción de dominio y la responsabilidad penal empresaria.

La Argentina vivió una época dorada de institucionalidad durante el gobierno de Macri, aunque quedan pendientes reformas más profundas en la Justicia, la cual sigue evidenciando elevados niveles de corporativismo, lentitud y falta de representatividad (mayormente fruto del abolicionismo penal zaffaroniano, impregnado en las mentes de muchos jueces penales). Quizás una reforma del Consejo de la Magistratura, haciendo que sus integrantes se designen y se remuevan por amplio consenso y gocen de independencia y estabilidad, como los de la Corte Suprema, sea una clave para consolidar una democracia de calidad, además de la boleta única en las elecciones.

Como vemos, en materia de institucionalidad, hemos progresado, aunque todavía falta. Pero los efectos de las instituciones sobre el desarrollo, si bien son muy importantes, no son inmediatos, y nos queda la otra mitad de la llave maestra, que es la libertad económica. Dentro de esta variable, la carga impositiva, en el marco de un Estado de Derecho, es el principal indicador a mirar. También importa la integración comercial con el mundo, pero sin una economía competitiva esta integración es muy difícil y traumática.

Desde Montesquieu, los fisiócratas y el genial Adam Smith, se sabe en el mundo científico (o saben los que quieren saber) que una mayor presión impositiva es causa de una menor capacidad de generación de riqueza, de ahorro, emprendimiento e inversión por parte de la población. Más impuestos equivale a menos inversión productiva. Desde luego, esto es así siempre y cuando exista cierta institucionalidad democrática consolidada, puesto que la arbitrariedad, la corrupción, la inseguridad jurídica y la falta de competencia en igualdad de condiciones en los mercados, todo lo cual se desprende del autoritarismo, conllevan enormes impuestos indirectos invisibilizados, que agobian cualquier aparato productivo (incluso aunque la carga impositiva formal o legal sea baja).

Y esta es entonces la principal llave maestra del enigma argentino: bajar drásticamente los impuestos, empezando por los que recaen sobre los más humildes y necesitados. Pues la otra gran variable de la ecuación, la institucionalidad democrática, de enorme importancia, está más encaminada y, a su vez, sus efectos son menos inmediatos. Por ende, debemos focalizarnos en los impuestos. Y para bajar los impuestos hay que bajar el gasto público, lo cual requiere de un gran trabajo de consenso, compromiso y visión a futuro de parte de la dirigencia política.

En el gráfico anterior se observa cómo, en el proceso Menem-De La Rúa, el gasto público sube hasta experimentar, al estallar la crisis, una caída estrepitosa con la mega devaluación de Duhalde, que licúa salarios y lleva la pobreza a niveles inusitados. Desde allí, con gasto público bajo, superávit, efecto rebote y viento de cola internacional, la economía crece fuertemente (lo que debió haber bajado el peso relativo del gasto público en el producto). Empero, el gasto público relativo, no sólo no bajó, sino que subió, y como nunca, con el kirchnerismo. Esto demuestra que el kirchnerismo es el principal responsable de la debacle o encerrona macroeconómica actual de la Argentina, y que la forma en que aumentó el gasto público y el déficit fiscal fue absolutamente desquiciada e irresponsable. Macri no hizo cambios significativos, y sólo consiguió una baja leve en el último año, incipiente y tardía, a un costo social y político demasiado grande.

Desde luego, como dijimos, esta no es la única variable. Pero es una de las dos más importantes, junto con la calidad institucional. Es la que más pendiente tenemos, y la que más rápidamente puede surtir efecto si la mejoramos. Hay maneras de bajar el tamaño del Estado sin trauma social: con una adecuada escala de prioridades, asegurando el derecho a la alimentación de todas las personas, eliminando gastos no indispensables, con un sistema impositivo simplificado y progresivo, y dándole un plazo adecuado, una justa indemnización y un incentivo a quienes deban abandonar el Estado (por ejemplo, con dos años para buscar trabajo y con un año de salario garantizado aunque consigan trabajo en otro lado, estimulando que encuentren trabajo en el primer año para lograr un doble salario temporal). Además, la incorporación de personal al Estado debe estar monitoreada, controlada y aprobada por un órgano técnico e independiente interdisciplinario, acaso con un sistema de designación y remoción como el de la Corte Suprema. Esto último ayudaría a evitar que la debacle presupuestaria del kirchnerismo se repitiera en el futuro y generaría, a la larga, una garantía de gasto público razonable.

Estos son sólo ejemplos. Hay miles de formas y, si hay buena voluntad, será posible acordar alguna, entre todas las fuerzas políticas que entiendan que un gasto público excesivo anula la capacidad de ahorro, emprendimiento y progreso de los ciudadanos, en especial de los más humildes. También es importante marcar que el gasto social es muy ineficiente en la Argentina, con mucha superposición y duplicación de subsidios y sin controles, asignados a través de organizaciones intermediarias que muchas veces lucran con los subsidios y los conquistan a fuerza de amenazas y violencia. Si se estableciera un sistema de ayuda social unificado y simplificado, transparente, automatizado y bancarizado, a escala nacional, el gasto público podría reducirse significativamente sin dejar de atender a los que realmente necesitan ayuda.

Contra el argumento de la importancia del gasto público suele esgrimirse que hay países pobres con bajo gasto público, y que hay países ricos con gasto público elevado. Sin embargo, hay que decir dos cosas sobre esto.

Primero, la tasa de ahorro e inversión que necesita un país rico para mantenerse como tal, es menor que la que se requiere para que un país pobre se desarrolle. Esto último exige un esfuerzo ciudadano mayor. Como dice el refrán, no le preguntes a un país desarrollado cómo hace para mantenerse así, sino cómo hizo para dejar de ser pobre. Al ser el producto total de un país desarrollado tan grande, un gasto público elevado igualmente deja liberados recursos suficientes para niveles de ahorro e inversión acordes para mantener el nivel de desarrollo alcanzado. Por el contrario, en los países más pobres, al ser el producto total bajo, para liberar suficientes recursos, como para realizar el pasaje de la pobreza al desarrollo, el porcentaje de gasto público debe ser bastante más bajo.

Dentro del grupo de países desarrollados, los negadores de la importancia del nivel de gasto público señalan a los “nórdicos”, que presentan un alto nivel de desarrollo y un gasto público elevado. Aquí, sin embargo, hay que señalar que el estatismo de los países nórdicos es parcialmente un mito. Es cierto que tienen un gasto público alto (Finlandia 53,6%, Suecia 49,9%, Noruega 48,7%). Pero en todas las demás variables macroeconómicas son altamente liberales, como en integración comercial, regulaciones financieras, simplicidad del sistema impositivo, seguridad jurídica, etc. Asimismo, de esos tres países, el económicamente más pujante y dinámico es precisamente Noruega, cuyo gasto público es más bajo. Y hay que señalar que se trata de países pequeños, altamente integrados al mundo, cercanos a los centros económicos mundiales, con poblaciones homogéneas y con muy altos niveles de confianza y de educación. Si buscamos un país con esas mismas características, pero con gasto público más bajo, como Suiza (34,2%), notamos que este país es económicamente más pujante y dinámico que los nórdicos. Lo mismo puede decirse de Australia (36,43%), aunque es de desarrollo más reciente y parte de una situación inicial peor (datosmacro.com).

En cuanto a los países pobres con bajo gasto público (por ejemplo: Chad 15,16%, Camerún 19,83% o Ghana 21,56%), hay que tener en cuenta que, como dijimos antes, para que el gasto público sea un indicador relevante, debe existir un Estado de Derecho consolidado, es decir, instituciones democráticas sólidas, que eliminen razonablemente los impuestos indirectos e invisibilizados del autoritarismo prebendario, la corrupción, la inestabilidad, la inflación, la inseguridad jurídica y la incertidumbre. Todos estos costos o “impuestos” no figuran en las mediciones formales.

Hagamos entonces una comparación entre países cercanos a nosotros, tanto en institucionalidad democrática como en nivel de desarrollo. Veamos países latinoamericanos democráticos de ingreso medio, y cuál es su gasto público como porcentaje del PBI. Así, los países democráticos latinoamericanos con mayor pujanza y dinamismo económico son Costa Rica (con gasto público de 20,02%), Perú (21,6%) y Chile (25,21%). Uruguay (33,73%) está un poco más atrás, con ciertos inconvenientes, aunque no tan graves. Argentina (39%) y Brasil (38,15%) son los países económicamente más problemáticos y estancados del grupo bajo análisis.

Como vemos, si bien no es la única variable, el gasto público (y los impuestos que son su correlato) es de suma importancia y marca un patrón de desarrollo bastante claro dentro de las democracias consolidadas o en proceso de consolidación. Es, junto con la calidad institucional, la gran llave maestra que podría destrabar nuestro desarrollo. Pero para lograrlo se necesita un gran consenso de la dirigencia política (no sólo a nivel nacional sino también en las provincias), una política de Estado a largo plazo y una convicción de que es posible bajar el gasto sin trauma social de por medio, asegurando la alimentación y focalizando el gasto en lo indispensable, apostando a la creación de condiciones para que los puestos de trabajo que se creen en el sector privado sean mucho más numerosos y de mejor paga que los que se pierdan en el sector público. Si otros países lo han hecho y lo hacen, no puede ser imposible que lo hagamos nosotros.